Invitados por la HIC-Al , Coalición Internacional del Hábitat Oficina regional para América Latina, los compañeros
Alicia Sánchez, Guillermo Marzioni y Jorge Mora participamos los días del 9 al 13 de noviembre de una actividad en el Distrito Federal en México.
Con la presencia de dirigentes de organizaciones de 9 países se desarrolló una intensa actividad de capacitación e intercambio de experiencias alrededor de las políticas de
Producción Social del Hábitat y el Derecho a la Ciudad. El tema en cuestión era analizar los procesos de incidencia sobre las políticas públicas del acceso a la tierra, la producción social del hábitat y el derecho a la ciudad
Estaban presentes las organizaciones y movimientos sociales de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, México, Brasil, Bolivia, Uruguay y Argentina.
En términos generales, podemos afirmar que en los distintos países se han producidos ciertos avances en obtención de logros en término de la implementación de políticas de tierra, vivienda y hábitat que posibiliten la participación en el diseño y ejecución de planes de vivienda y mejoramiento de barrios en forma participativa y autogestionada.
Por ejemplo, en México se sancionó la Ley de Vivienda en el año 2006, una ley de avanzada y que tiene la particularidad de reconocer a los actores sociales que participan en la producción de las viviendas sociales como las empresas, los movimientos sociales, las cooperativas de vivienda, los proveedores y los estamentos del gobierno Nacional, estadual y municipal.
Otra experiencia importante en México es un programa de Mejoramientos de Barrios con participación de las organizaciones sociales por autogestión, que se lleva adelante en el Distrito Federal de México. Sobre esta experiencia pudimos visitar en el territorio algunos trabajos desarrollados por la comunidad organizada de muy buena factura que son diseñados ejecutados y mantenidos por las organizaciones barriales y desempeñan tareas solidarias y de capacitación muy interesantes como comedores comunitarios, recreación, deportes, cultura, bibliotecas populares y una series de actividades más que tienen una clara intención de producir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esa barriadas populares.
También pudimos observan el proceso de debate y construcción del texto del Proyecto de la "Carta de la ciudad de México por el derecho a La Ciudad ", impulsado por el movimiento urbano popular, diversas ONGs, organismo académicos y funcionarios del gobierno del Distrito Federal. Se desarrollaron múltiples acciones para difundir y concienciar a la población a través de charlas, seminarios, asambleas y actividades culturales para difundir en concepto del derecho a la ciudad como un nuevo derecho colectivo, que engloba a otros derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo vinculado con el derecho al uso y goce de una ciudad democracia, participativa y solidaria. Que permita la permanencia y el acceso a los espacios públicos y de recreación en forma igualitaria sin excluidos y marginados.
La instalación del debate sobre el derecho al ciudad en un tema de gran importancia y en México se está desarrollado y construyendo con una fuerte impronta participativa y democrática. Es un ejemplo a seguir fundamentalmente en el concepto de que son los movimientos populares urbanos los que lo impulsan y le dan vida a tan trascendente debate de cara a la sociedad que observa como se van generando el colapso de las grandes ciudades en término de deterioro debido al excesivo trafico de automóviles, la contaminación ambiental y la acumulación de basura, como así también la presión de la especulación inmobiliaria y la falta de atención a los sectores más pobres de las ciudades, que son segregados y marginados.
Otro tema para destacar es la vitalidad que tienen los movimientos sociales y cooperativos de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, que apoyados por el centro cooperativo Sueco, han ido trabajando y luchando por la vivienda social con un rica experiencia en materia del debate para la creación de instrumentos legales para la formulación de leyes que faciliten en el acceso a la tierra y la vivienda digna.
También estuvo presente el Movimiento Nacional por la Moradía Popular de Brasil representado por la compañera Evaniza Rodríguez. Es de destacar los avances que se van dando en Brasil desde hace una década en materia de los derechos sociales a través la experiencia de la creación del Estatuto de las Ciudades y la implementación de un programa de viviendas por autogestión que se viene desarrollado con dificultades de orden burocrático para la aprobación de los proyectos y su financiamiento.
La Unión Nacional del Movimiento por la Moradia Popular viene desplegando una campaña nacional por la vivienda digna junto a todas las organizaciones y movimientos sociales que luchan por la vivienda digna, quienes se han puesto de acuerdo para que en forma conjunta y articulada se realice una campaña nacional que incluye pegatinas de afiches, propaganda televisiva y radial , marchas, eventos y juntada de firmas solicitando que se afecte el 2 % del PBI en Vivienda Social y que de ese presupuesto el 1 % del PBI sea para la Producción Social del Hábitat.
Existe un común denominador en América latina y Centroamérica: si bien se ha avanzado mucho en lograr gobiernos progresistas y de centro izquierda en la región, de gobiernos que propician el socialismo del siglo XXI como Venezuela, Ecuador y Bolivia o de gobiernos de neto corte Nacional y Popular como en Argentina , Uruguay y Chile y que es un proceso político antineoliberal, de acumulación y avance de nuestros pueblos, aun así no se ha logrado romper con la lógica de la producción de viviendas sociales a través del sistema de vivienda terminada llave en mano construidas por las empresas constructoras por el sistema de licitación pública. Y los movimientos sociales no hemos podido poner en desarrollo de las políticas de viviendas el sistema de construcción por autogestión basado en la organización comunitaria con plena participación de los demandantes de viviendas lo que nosotros denominamos la Producción Social de Hábitat.
Evidentemente existe una tensión creciente entre estos dos modelos de abordar la producción de las viviendas: se sigue manteniendo un sistema que genera una alta rentabilidad a las empresas constructoras aumentando los costos de las unidades habitacionales en forma innecesaria y se sigue negando las posibilidad de que los pobladores participen en el proceso de diseño, ejecución y control de la inversión de recursos financieros. Este tema que es contradictorio para los gobiernos populares es lo que mas nos preocupa a los movimientos sociales debido a que la tendencia general es de seguir manteniendo el concepto de tomar a la producción de las unidades habitacionales sin ningún tipo de participación comunitaria. Sabemos que modificar esta lógica significa tocar interese muy arraigados en los Estados de los países de la región y que es uno de los desafíos mas importantes que tienen por delante las organizaciones sociales.
Autor: Jorge Mora – Secretario de Relaciones Internacionales de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat de la República Argentina.
